En El Salvador, interrumpir el embarazo de forma legal y segura es prácticamente imposible desde 1998, cuando, con su reforma del Código Penal, se estableció una prohibición total del aborto, obligando a las mujeres, niñas y personas gestantes allí a continuar con un embarazo, aun cuando sea resultado de una violación o cuando está en riesgo su vida.

Las mujeres y personas gestantes en situaciones de aborto pueden ser sentenciadas hasta a 50 años de cárcel y se ha criminalizado y encarcelado incluso a las mujeres que sufren abortos espontáneos, acusándolas de haber provocado los abortos, sin evidencias o incluso cuando las evidencias muestran lo contrario.

Además, junto con esta prohibición:

• El Ministerio de Salud de ese país estima que, solo entre 2005 y 2008, ocurrieron 20.000 abortos ilegales e inseguros.
• En 2011, la Organización Mundial de la Salud indicó que el 11 % de las mujeres que se sometieron a un aborto ilegal en El Salvador murieron a consecuencia de procedimientos inseguros.
• Las y los profesionales de la salud no puedan salvar la vida de las mujeres, ya que temen alertarlas o intervenir embarazos de alto riesgo, debido a que no pueden ofrecerles la opción de interrumpirlos, aunque lo necesiten.

Esa es la historia de Beatriz, una mujer y mamá de El Salvador, enferma de lupus, a quien en 2013 le negaron la interrupción de su embarazo, cuando su vida corría peligro y el producto de este no podía tener vida fuera del útero. Su caso es emblemático porque Beatriz luchó contra el Estado salvadoreño, que se negó a autorizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), forzándola a continuar con la gestación inviable durante casi 3 meses más, a costa del detrimento de su salud física y mental, hasta que la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó a que se le hiciese el procedimiento; aunque se le sometió además a una cesárea que la puso en mayor peligro y sufrimiento.

Más adelante, en 2017, con su salud deteriorada tras los obstáculos y vejámenes a los que fue sometida para la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de sus enfermedades previas, Beatriz murió tras el empeoramiento de sus condiciones de salud debido a un accidente de tránsito.

Desde entonces, las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron a Beatriz durante su lucha para salvar su vida mediante la IVE mantienen un proceso de litigio ante la CIDH en contra del Estado salvadoreño: buscan honrar la memoria de Beatriz y exigen la reparación integral del daño a su familia, y piden medidas de no repetición para asegurar que ninguna niña, ninguna mujer, ni persona gestante alguna tenga que pasar por lo que ella pasó.

Beatriz puso al descubierto los graves impactos que genera la penalización del aborto. La prohibición afecta principalmente a las mujeres que viven en vulnerabilidad y va en contra de la protección de la vida y la salud de las mujeres, niñas y personas gestantes.

Hoy El Salvador es uno de los países en el mundo que mantiene una prohibición total alrededor del aborto y plantea un retroceso legal con el que ignora los acuerdos internacionales y los llamados de organizaciones como la OMS, que sostienen que la prohibición total del aborto es una violación grave a los derechos humanos.

Católicas por el Derecho a Decidir – Colombia hace parte de las organizaciones que apoya este clamor de justicia para Beatriz, por eso les invitamos a firmar la petición con la que las organizaciones salvadoreñas buscan demostrar el apoyo de las personas a esta causa por la salud, la libertad y la protección de la vida de las mujeres, haz clic aquí para firmar la petición.

Conoce más de la campaña en justiciaparabeatriz.org y compártela para apoyar.